Ayúdennos a distribuir los siguientes comunicados enviados por organizaciones campesinas para que se sepa en el resto del paìs lo que está sucediendo.

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ESTÁ DECIDIDO A RIFAR SUS RECURSOS NATURALES


La conducción de la Provincia no sólo subasta el futuro jubilatorio, los bienes inmuebles y del Banco de Córdoba. Descontento con haber cedido a la legítima presión de las Asambleas Ambientales en contra de las minerías, parece decidido a liquidar los bienes naturales con un alto costo de los territorios de Córdoba, especialmente sus zonas áridas y más pobres.

LOS BOSQUES SIGUEN DE OFERTA: Las actividades de las topadoras y de los estudios jurídicos siguieron impunemente más allá de las sospechosas informaciones que las investigaciones del Registro de la Propiedad arrojan. Mientras conocidos INFRACTORES (ver planilla anexa) de Las Leyes de Desmonte y la Mesa de Enlace local redoblan apuestas en el curioso 'Foro por el Desmonte' -convocado para el viernes 24 en Villa Quilino-, la provincia demora decididamente la reglamentación y aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Intervención del Bosque Nativo.

Mientras los empresarios de los agronegocios, de la mano de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y al Ministerio de Agricultura de la provincia, convocan al 'Foro por el Desmonte', el MCC junto a la delegación Córdoba de Parques Nacionales y el Espacio de Desarrollo Rural de la Secretaría de Extensión de la UNC, hemos realizado durante el mes de septiembre el 'Foro por la Ley de Bosques'. En esas jornadas hemos discutido y compartido nuestra mirada con muchas organizaciones de la sociedad e instituciones preocupadas por defender el monte de nuestra provincia. Esas discusiones y conclusiones fueron presentadas por los organizadores del Foro a la Secretaría de Ambiente, sin muchas más respuestas que la espera sin resoluciones ni aportes.

NO EXISTE CONVOCATORIA REAL AL ORDENAMIENTO DE LOS BOSQUES… sino que los Secretarios de Agricultura y Ganadería están dictando personalmente la letra chica de la ley en la provincia con el aval de los lobbies solapados de CARTEZ, FAA y SRA. De esta manera, operan para flexibilizar las restricciones al desmonte y continuar con las autorizaciones EXPRESAMENTE suspendidas por la Ley Nacional.
Como antecedente los amigos oficialistas de la Mesa de Enlace local ya se habían hecho eco ya durante el 2007 en las personas de los legisladores Flores Durán, Recalde, Monier, Carreras, Trad, Sánchez y Moscoso (Expedte. 11328/07), Éste último, sancionado con multas por desmontes ilegales. Todos ellos presentaron un proyecto de flexibilización de las postura 'extrema' de la ley provincial de desmontes.

En general se pretende disminuir las zonas rojas -de restricción al desmonte contempladas por la ley nacional- y poder incorporar de alguna manera a las amarillas y verdes a aquellos que han desbastado el bosque nativo; quienes encima podrían cobrar un subsidio, quizás para ver si reforestan. Es decir, los mismos empresarios que se han dedicado a desaparecer el monte nativo de Córdoba, empezarían a cobrar un subsidio por cuidarlo. ¿Otro negocio redondo, no?

POLITICAS AMBIENTALES A ESPALDAS DE LAS REALIDADES LOCALES DEL INTERIOR: LA ENTREGA DEL AGUA
Ríos y canales, hoy en tiempos de sequía, se vienen entregando al uso de privados que escamotean o contaminan el agua de todos. Así, las cuencas de sierras y zonas turísticas también se afectan por el avance del negocio inmobiliario de las firmas empresarias afines al gobierno, como en la cuenca del San Antonio y el Lago San Roque.
El empresario de Gualeguaychu René Fritzler, asesorado por el Dr. Touriño, ha privatizado de hecho las aguas del Río Dulce, bajo el amparo de la Dipas. Mientras la sequía arrecia aguas abajo: las vacas y los caballos mueren empantanados sobre el lecho del río.
Por otra parte, curiosamente la provincia ha delegado las acciones de control de la Dipas a los municipios.
La mesa de Ordenamiento Territorial COHIPRO, no funciona, no convoca. Y, sin embargo, la Dipas y los privados definen y avanzan.
El rimbombante Programa Agua para todos esta parado, y en todavía NO HAN SIDO RECONOCIDOS LOS RECLAMOS PLANTEADOS POR LAS ZONAS CRÍTICAS DEL MOVIMIENTO CAMPESINO, no cumpliendo las premisas amparadas por leyes, de información y participación de los actores y beneficiarios.

CIENCIA E INVESTIGACION PARA LOS AMIGOS AGRONEGOCIOS:
De forma pionera la provincia se propone beneficiar a los sectores que menos generan desarrollo local y que son responsables del desmadre ambiental. Así se ha dado impulso a la investigación en biotecnología, con mas de 2 millones de pesos.
Por otro lado se propone realizar un ordenamiento territorial, pero a espaldas de los mecanismos de participación públicos, para poder identificar los recursos estratégicos a privatizar, sin problemas de costos políticos inmediatos.

Con esta lista rápida de intenciones y propuestas, denunciamos al estado provincial y convocamos a la población a apoyar:

1- La inmediata convocatoria a un verdadero y consensuado ordenamiento de los bosques.
2- A una veda total al desmonte selectivo hasta tanto se establezcan criterios más claros y procesos de monitoreo y control eficaces.
3- Que no se autoricen más expedientes de desmonte de aquellos que se hallan en infracción.
4- Que las zonas rojas y amarillas alcancen al 25% de la provincia.
5- Que el manejo de las áreas Ramsar refugios de Vida Silvestre estratégicos (Bañados del Río Dulce, Mar Chiquita, Salinas Grandes y de Ambargasta), tengan controles estrictos por parte del estado, y se garantice los derechos posesorios de los campesinos con ganadería de transhumancia ancestral.
6- Que la Secretaria de Ambiente funcione autónomamente del Ministerio de Agricultura, con referentes idóneos y con presupuesto acorde a la gravedad del problema.
7- Que se abra la participación en todas las estrategias provinciales de ordenamiento territorial y en el Programa Agua para Todos, al Movimiento Campesino de Córdoba y a la sociedad civil organizada en general.
8- Que las políticas de investigación se abran a las realidades de las regiones y hacia un cambio del modelo productivo: contaminación ambiental, acceso al agua, agricultura agroecológica, salud integral y preventiva, energías alternativas, etc.


DEFENDAMOS NUESTROS TERRITORIOS,
DEFENDAMOS NUESTRO AMBIENTE.

GLOBALICEMOS LA LUCHA,
GLOBALICEMOS LA ESPERANZA.

MOVIMIENTO CAMPESINO DE CÓRDOBA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA

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Eduardo Belelli: (03549) 495076
Marcos Vargas: (0351) 155240863 – (03524) 492639

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Persecuciones y detenciones masivas a campesinos en Mendoza, Santiago y Formosa.
(AW) Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2008(Agencia Walsh) Los campesinos exigen la liberación de compañeros e investigar a funcionarios, jueces y policías. La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una 'caza de brujas', la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. 'Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos', denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la 'suspensión de todos los procedimientos del remate' e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
'Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato', denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: 'Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales'.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de 'usurpación' de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. 'Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación', denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. 'Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela', explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país 'se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda'.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
'Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes', afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. 'Una caza de brujas', denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde 'robo de un caballo' -según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos- hasta la supuesta 'amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales'. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez -ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar-. 'Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos', explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de 'Emergencia Indígena, 26.160' (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las 'causas inventadas' que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.

Fuente: Agencia de Noticias Rodolfo Walsh.

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¡¡NOVEDADES URGENTES!!

Pueden acceder a las novedades sobre ordenamiento territorial en el Chaco en:
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Comunicado de Greenpeace
Últimas informaciones para participar en las 3 últimas reuniones sobre Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la provincia del Chaco.

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